Conoce la recomendación que hacen expertos sobre comprar o vender inmuebles en Venezuela. Además, aclaran sobre la situación de los alquileres y aclaran si se puede alquilar este 2023 en la nación
Uno de los mercados que está resurgiendo en Venezuela es el de la venta de inmuebles. Es decir, apartamentos, casas, oficinas, terrenos y otras propiedades que se están ofertando a precios nunca antes vistos en la nación. Sin embargo, la situación actual del país obliga a evaluar si es el mejor momento para adquirir o vender.
Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, explicó en una entrevista con Unión Radio, si este 2023 es el mejor momento de invertir en una propiedad en Venezuela y además ofreció un panorama de cómo se encuentra el sector ahora.
«Tras la pandemia, este primer semestre de 2023 comparado con el 2022, el número de operaciones es similar. Sin embargo, en cuanto a precios si hemos registrado aumentos leves de valor», dijo.
De acuerdo con Martínez, las operaciones se han dividido en 51% venta y 41% en alquiler, esta última operación que está resurgiendo luego de tantos inconvenientes en el pasado.
¿Se están construyendo proyectos habitacionales o empresariales en Venezuela?
El presidente de la Camara Inmobiliaria confirmó que la mayoría de inmuebles que están en oferta en este momento en Venezuela, son del mercado secundario. Es decir, proyectos construidos hace años y que en su mayoría han tenido habitantes ya viviendo en alguna oportunidad.
En cuando al mercado primario, Martínez sólo nombra los proyectos que se construyen en el este de Caracas. Específicamente al norte de Chacao, los cuales están dirigidos a un público con poder adquisitivo alto. Mientras que en la mayoría de sectores en las principales ciudades del país, no se están construyendo nuevas unidades de vivienda u oficinas.
¿Es el momento de comprar o vender en un inmueble en Venezuela?
Martínez informa que desde 2018 las operaciones y precios han sufrido una caída importante. Para este 2023 los precios siguen estables, pese a que han tenido un leve aumento.
«Para la persona que quiera comprar es un momento. Porque ya se pronostica que los precios no van a tener más caídas», dijo.
La crisis y posteriormente la Pandemia ha obligado a familias y venezolanos que viven en el exterior a ofertar propiedades. Sin embargo, la falta de demanda, ha logrado que apartamentos o casas que en un momento eran cotizados a un gran valor, se puedan conseguir en menos de $15.000.
Uno de los grupos que ha aprovechado de invertir es el de los venezolanos que viven en el exterior. Es un sector que ha registrado un gran número de operaciones en los últimos años.
¿Es confiable alquilar un inmueble en este momento en Venezuela?
De acuerdo al directivo, el tema de los alquileres está volviendo a las calles por un tema de necesidad más que de rentabilidad.
«Mucha gente alquila por la necesidad del dinero, porque el pago del condominio (pago de mantenimiento) ahora es alto, o porque la vivienda está desocupada» o deteriorándose, explica Martínez.
Sin embargo, aún se necesita de seguridad jurídica por la actual ley de arrendamiento, la cual necesita reformas, según la petición que ha hecho la misma Cámara inmobiliaria.
«La modificación de la ley proporcionaría seguridad a miles de viviendas que están desocupadas actualmente para que puedan salir al mercado del alquiler», destacó
La Cámara de la Construcción hizo un estudio en el que asegura que con la modificación de la ley de arrendamiento, podrían entrar al mercado de inmuebles para alquilar más de 250.000 propiedades en Venezuela.
La principal barrera de la ley de arrendamiento es el desalojo de inquilinos y segundo el canon de alquiler.
«El canon de arrendamiento está totalmente regulado y se ha pedido que la mayoría de los inmuebles sean desregularizados. Mientras que el desalojo de inquilinos, sabemos que en cualquier país de mundo si el propietario solicita el inmueble debe serle entregado con una orden judicial», detalló.
En Venezuela está vigente actualmente un amparo que prohíbe los desalojos desde hace 10 años y esto trae «inseguridad jurídica», lamenta Orta Martínez.
