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La nulidad de multa es la esperanza de casi 100.000 venezolanos en Perú

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La nulidad de multa podría ser la alternativa de casi 100.000 venezolanos en Perú, afectados por esta sanción de Migraciones. En algunos casos los montos que pasan los $5000. Aquí te explicamos en qué se basa este procedimiento.


Los venezolanos en Perú que han recibido una multa en Migraciones tendrían una nueva vía para poder evitar el pago de esta sanción.

Se trata de la nulidad de multa impuesta por la Superintendencia de Migraciones, un recurso impulsado por el presidente de Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, quien señala al ente de aplicar una sanción sin cumplir con el debido proceso que exige la ley peruana.

«Migraciones no debió multar, hay dos fases en la administración pública al momento de sancionar: la fase instructiva y la fase sancionadora, Migraciones se fue de frente a la sancionadora», explicó en una entrevista a Divergentes.news.

Pérez se refiere a las multas por vencimiento de residencia del carnet de extranjería, la cual fue impuesta desde 2021 para quienes no hicieran el trámite anual de prórroga.

El venezolano u otro extranjero que no haga este trámite es multado diariamente con el 1% de una Unidad Impositiva Tributaria. Es decir. S./49,5 por día.

Una vez que el ciudadano deja pasar la fecha, Migraciones no se comunica con él hasta se haga el trámite. Una vez hecha la solicitud de prórroga, el ente envía una comunicación informando que ha sido multado y que debe responder con una propuesta de pago dentro de 5 días.

Migraciones se saltó un paso de la norma y debe permitir la nulidad de multa

De acuerdo con Pérez, el Texto único ordenado de la Ley nª27444 procedimiento administrativo general, que rige las acciones y las facultades de la administración pública peruana, no se cumplieron con las fases del proceso sancionador.

El artículo 248 dice: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Inciso 2: Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a
autoridades distintas.

Es decir, Migraciones debió advertir al ciudadano venezolano que se cometió una falta y dar un plazo para que el usuario diera su descargo o explicaciones.

«Eso no sucedió en ninguno de los casos: ni la fase instructiva y la fase sancionadora y tampoco que se llevara por funcionarios distintos (…) ¿Qué hizo Migraciones, violando el debido proceso? se fue de frente a la fase sancionadora», detalló Pérez.

De hacer todo como establece la ley, el ente evalúa el descargo y puede que autorice o no. Depende de la respuesta se pasa a la fase sancionadora o se permite al usuario continuar con su trámite migratorio.

Pérez reclama que cómo ninguno de esos procedimientos se cumplió, se debe anular las multas a través de una decisión ejecutiva de carácter masivo o permitir que cada ciudadano haga la solicitud.

Venezolanos forman parte de los eximentes de responsabilidad

Adicionalmente, Pérez denuncia que Migraciones violó otra norma referente a los eximentes de responsabilidad. Es decir, aquellos supuestos en los que el ciudadano no puede ser sancionado.

En el inciso f del artículo 257 dice:

«La subsanación voluntaria por parte del mposible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con ,anterioridad a la notifi cación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255».

De acuerdo a Pérez, los venezolanos multados subsabaron al hacer el pago del trámite y solicitar la prórroga de residencia del carnet de extranjería, antes de que Migraciones lo sancionara con la multa.

«No hay interpretación, está en la ley. Migraciones no debió multar», exclama el dirigente.

«Migraciones está comprometiéndose legalmente si sigue cobrando multa»

Pérez advierte que si algún funcionario de Migraciones, sigue cobrando estas multas por vencimiento de residencia, «impuestas de manera irregular, puede estar comprometiendo su situación.

De hecho, informó que el Superintendente actual, Armando García, ordenó la paralización de cobro de las multas con el fin de evaluar lo exigido con Pérez

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