Con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), más de 600 000 venezolanos quedaron sin protección ante la deportación. Ahora, el Gobierno de Estados Unidos tiene acceso completo a sus datos, direcciones y lugares de trabajo, lo que los hace fácilmente localizables.
A partir de la medianoche del viernes, unos 600.000 venezolanos en Estados Unidos han perdido su Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que durante años les permitió trabajar, acceder a seguros médicos y vivir sin miedo a ser deportados.
La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, explicó que tras la decisión de la Corte Suprema y la suspensión del programa bajo la administración Trump, el Gobierno estadounidense cuenta con información detallada sobre cada beneficiario.
“El Gobierno sabe dónde estás, dónde trabajas, qué haces. Cada persona con TPS ha entregado todos sus datos en las renovaciones”, explicó Ferro en entrevista con D.News.
Cada renovación del TPS exige la verificación de antecedentes penales, domicilios y empleos, lo que deja a los venezolanos totalmente identificados en los sistemas migratorios. Al perder su estatus, todos ellos pasan a ser susceptibles de detención o deportación inmediata, especialmente si no han iniciado otra solicitud migratoria.
La situación se agrava por la falta de representación diplomática venezolana desde 2019: sin embajada ni consulados, miles no pueden renovar su pasaporte ni gestionar documentos para salir del país.
“Incluso los que quieren irse no pueden hacerlo porque no tienen identificación ni pasaporte. Es una tragedia”, añadió Ferro.
La administración Trump mantiene vuelos semanales de deportación hacia Venezuela, lo que agrava la incertidumbre entre los migrantes. Según Ferro, algunos deportados han desaparecido al llegar a territorio venezolano.
Mientras tanto, organizaciones migratorias piden calma y buscan alternativas legales que permitan ganar tiempo mientras continúan las apelaciones judiciales.
La autodeportación es la opción que da el Gobierno
La autodeportación es una opción legal que el propio gobierno de Estados Unidos pone a disposición de quienes se encuentran de forma irregular en el país —ya sea por haber ingresado sin autorización o por haber perdido su estatus migratorio, como sucede con miles de venezolanos tras el fin del TPS.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esta alternativa permite salir voluntariamente del país antes de ser arrestado o detenido, evitando así procesos de deportación forzosa y las consecuencias más severas, como pasar meses en un centro de detención o recibir una orden final de expulsión.
El objetivo, según las autoridades, es que las personas puedan organizar sus asuntos, despedirse de sus seres queridos y partir bajo sus propios términos, sin esperar la intervención de los agentes migratorios.
Sin embargo, esta decisión debe tomarse con cuidado y asesoría legal. Aunque autodeportarse puede evitar una orden formal de remoción, también puede generar una prohibición de reingreso a Estados Unidos por varios años, dependiendo de cada caso.
ICE incluso podría solicitar que se desestime un proceso de deportación si el extranjero demuestra que salió por su cuenta, pero esa no es una garantía automática. Para muchos venezolanos sin TPS, esta es una salida dolorosa y desesperada.
