Conoce por qué los bancos peruanos están reteniendo el dinero de los venezolanos afectados por multas migratorias en Perú
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), ha pedido más información acerca de denuncia pública sobre la retención de dinero que bancos están haciendo a ciudadanos venezolanos en Perú.
Este organismo, que fiscaliza el servicio de empresas e instituciones privadas y públicas en este país, ha solicitado a la organización Unión Venezolana en Perú (UVP), más detalles sobre los casos.
En una entrevista con Divergentes.news, Oscar Pérez, presidente de UVP, mostró la comunicación enviada por Indecopi. Esta confirma el interés de conocer más sobre los afectados. Además, el organismo expresa la intención de evaluar el nivel de gravedad del problema para decidir si tomará acciones en contra de las instituciones que estén señaladas.
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¿Por qué los bancos retienen el dinero de los Venezolanos?
Los venezolanos en Perú que están afectados por multas por no renovar la residencia de carnet de extranjería, quedan inhabilitados para hacer trámites, firmar contratos laborales o de bienes y servicios, e incluso, acceder al Seguro Integral de Salud (SIS).
Estos ciudadanos, en su mayoría, desconocían que debían renovar su residencia peruana anualmente, Ahora están siendo castigados por una multa de S,/46 diarios.
No sólo eso, hasta que no se pague la multa acumulada el afectado queda en situación migratoria irregular en Perú.
En el caso de los bancos, un ciudadano extranjero podrá retirar dinero del cajero automático o pagar con aplicativos. Sin embargo, si desea realizar otro trámite que requiera la presentación de un documento, no será admitido por tener la residencia vencida.
Por ejemplo, si pierde su tarjeta de debito, no podrá obtener una nueva hasta volver a estar en situación regular.
De acuerdo con datos de Unión Venezolana en Perú (UVP), hay cerca de 100.000 sancionados por estas multas, calificada como «impagables» por organizaciones civiles y «violadora de Derechos Humanos» por el mismo Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos.
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