El daño que provoca la violencia basada en género en las víctimas puede ser psicológico, económico y físico.
Una mujer fue víctima de violencia física frente a una discoteca en Huacho, una región
al norte de Lima. El hecho conmocionó al país en los primeros días del mes de enero;
los videos de la agresión se hicieron rápidamente virales. El nombre del agresor, Renzo Bryant Segura Vizquerra, quien ya tiene antecedentes por diversos delitos, se conoció rápidamente.
La víctima no lo denunció y coaccionada por otra mujer firmó un acta de desistimiento
del servicio de atención integral afirmando que no hubo agresión y el sujeto en cuestión salió en libertad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inició un procedimiento legal de oficio, pero solo porque se hizo público. Así como ese, hay muchos casos, pero quedan sin conocerse.
A finales del año 2023, la Oficina de Planeamiento y Estadísticas del Ministerio del Interior reveló que recibió 175.528 denuncias por violencia familiar y 7.998 denuncias de violencia sexual.
Los extranjeros en Perú no escapan de esta realidad
La población migrante y refugiada en Perú no escapa de esta realidad. La organización no gubernamental VeneActiva, a través del programa Clínica Jurídica Juan Germán Roscio, detectó 19 casos durante la atención que prestaba a sus beneficiarios en el año 2023.
Gabriel Vergara, especialistas del programa de asistencia legal, explicó que la violencia basada en género (VBG) “tiene un origen en una dinámica de poder y una dinámica de desigualdad entre un género y otro. Esto produce un daño que puede ser psicológico, económico o físico”.
Alexia Obregón, también abogada del programa, detalló que han preparado un listado de preguntas que les permite conocer la situación de las personas y si están acompañadas por el agresor. Asimismo, cuentan con mecanismos para separarlos momentáneamente y poder explicarle los instrumentos legales que protegen a la víctima.
Iniciando el 2024, el abogado Vergara recibió un primer caso de violencia económica
que se empleaba a través de la manipulación. El tema se analizó de manera social y jurídica. Se planteó a la víctima que antes de abandonar el domicilio, llegara a una conciliación sobre la custodia compartida de los hijos menores y fijar un monto de manutención. Luego procedió a abandonar el lugar y buscar un nuevo domicilio cerca
de una comisaría.
“De esta manera se evitaba que la violenta expareja la manipulara diciéndole que no iba poder ver a sus hijos, para poder retomar el vínculo”, señaló el jurista, quien precisó que el proceso apenas comienza y el caso está en seguimiento.
El empoderamiento de la víctima
Obregón, por su parte, en otras atenciones brindadas, explica que, para poder sacar a la víctima del entorno violento, es necesario empoderarla para hacer frente a la vida lejos del agresor.
Para ello se deriva a las personas atendidas a otros programas de la misma institución como es el caso de PsicoEscucha. El propósito es que reciba atención para la salud mental y Valiosos para brindar orientación en temas de empleabilidad y emprendimiento. De esa manera, podrá sostenerse una vez que se desvincule del tóxico y peligroso círculo. Al mismo tiempo, se hace enlace con otras organizaciones o servicios del Estado.
¿Quiénes protegen a las víctimas de Violencia Basada en Género y cómo conseguir ayuda?
El Estado peruano cuenta con varias herramientas para atender a las víctimas de Violencia Basada en Género (VBG). Uno de ellos los ofrece el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables a través de la Línea 100, que ofrece atención y consejería emocional.
Este servicio se ofrece en quechua, aymara y castellano; incluyendo así a las poblaciones de comunidades ancestrales.
Aparte de la línea, está a disposición el chat 100, que permite a las víctimas la posibilidad de exponer su situación de manera prudente para no levantar las sospechas del agresor.
Al mismo tiempo, están los Centros de Emergencia Mujer ubicados en las comisarías,
incluyen acompañamiento psicológico y, al mismo tiempo, se puede solicitar el apoyo
de la policía y la fiscalía.
La Defensoría del Pueblo también dispone de atención para estos casos.
