El presidente de Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, rechazó la actitud «prepotente y de mucha carga de odio» de los fiscalizadores de la municipalidad de San Isidro que fueron enviados a ejecutar el cierre de la ONG. Asegura que las razones de la clausura no son ciertas y que irán a la autoridad municipal para hacer su descargo.
Un grupo de Fiscalizadores de la Municipalidad de San Isidro en Lima, clausuró este jueves la sede de la organización Unión Venezolana en Perú (UVP) bajo el argumento que las actividades que se realizan en el lugar son distintas a las descritas en la licencia otorgada.
La casa, ubicada en la Avenida Parque Norte, fue intervenida en la tarde, justo después de la hora de refrigerio o comida del personal que labora en esas instalaciones. Pese al rechazo de los trabajadores, los fiscalizadores lograron el objetivo y hasta ahora se desconoce el reinicio de las operaciones.
«Los fiscalizadores llegaron y uno en particular tenía una actitud de hostigamiento y acosadora. Expresó frases a todas luces xenófobas y cargadas de odio contra la venezolanidad», denunció Oscar Pérez, presidente de Unión Venezolana en Perú.
El dirigente dijo estar seguro que lo que expresaron los funcionarios no lo comparten las autoridades del distrito de San Isidro en Lima, cuya alcaldesa, Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, incluso, había invitado a la organización a un evento local.
Las razones de los fiscalizadores para ejecutar el cierre de la sede de Unión Venezolana en Perú
Perez niega que la ONG realice actividades contrarias a la licencia y acusó a los fiscalizadores de tenderle una trampa. De acuerdo al directivo, insistían para que firmara rápidamente un documento en donde aceptaba que se estaban comiendo varias infracciones,
«El señor coloca en un acta que dentro de la sede hay tres módulos de atención de entidades financieras, como para hacer entender que tres bancos atienden público en el lugar. Pero se tratan de tres stands que se guardan en esta sede para que sean sacados a actividades de campo», explicó.
Otra razón de los fiscalizadores era que había niños en una especie de guardería. Pérez declara que se tratan de los hijos de las colaboradores que no tienen a quien dejarlos y la organización les permite que estén allí.
Pérez indicó que el funcionario se negó a dar su nombre en todo momento. Tal cómo se ve en un video que fue divulgado por las redes sociales.
El detonante fue no dejar pasar a los fiscalizadores
Pérez contó que no se encontraba en la sede en el momento de la llegada de los fiscalizadores y los colaboradores no los dejaron pasar por no estar autorizados para darles acceso.
Una vez llegó el dirigente, no pudo mediar palabras con los fiscalizadores, quienes amenazaron con la clausura.
Atenderemos en el parque de al frente a los venezolanos
Pérez dijo que tendrá que hacer su descargo por la sanción este viernes en la Municipalidad de San Isidro. Ante la incertidumbre por la próxima apertura, dijo que de ser necesario «atenderemos en el parque».
«Yo no tengo que pedir permiso para sentarme en un parte a atender a la gente», expresó.
De hecho, dijo que ha recibido llamadas de grupos religiosos y parroquias ofreciendo sus espacios para lograr atender a la población.
Vecinos se habrían quejado por no tener temor de quiénes entraban a la sede
Pérez contó que al hablar con una de las vecinas de la zona, uno de los directores de la organización escuchó que hay «cierto temor en la comunidad porque en el lugar pueden estar entrando gente criminal o requsitoriada».
El dirigente critica que se trata de un estigma y un pensamiento y no un hecho en particular.
«Aquí lo que hacemos son cosas positivas, la gente que viene aqui como va a otras organizaciones a hacer cosas buenas. No venimos a planificar asaltos a planificar extorsiones. No venimos a alcahuetear delincuentes. Aquí acompañamos a la gente decente y trabajadora para que puedan integrarse en este país», puntualizó.
